la página de milanta

Copiamos este interesante documento del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). La Defensoría del Pueblo ha hecho suyo el caso y lo ha presentado al Tibunal Constitucional que definirá el camino a seguir. Ya comentaremos más adelante. Pero como ya comentó Rosa María Palacios en Prensa Libre ayer lunes 18 por la noche, lo que hay detrás de  la huelga y las movilizaciones es empujar el coche de la autonomía total de los pueblos o naciones nativas. ¿Adios Perú y bienvenida la fragmentación? ¿Y la identidad? Aún hay mucho por recorrer y por eso este documento de trabajo copiado debajo es importante.

DOCUMENTO DE TRABAJO (15 de Agosto de 2008)

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido un cambio en el orden jurídico internacional sobre derechos humanos -obligatorio para los Estados- plasmado en un régimen especial de derechos de los pueblos indígenas. En este régimen se reconoce su derecho al igual disfrute de los derechos humanos y, al mismo tiempo, a ser colectivos diferentes.

Por medio de sus organizaciones y acciones, los pueblos indígenas han logrado poner en el debate público, sus demandas de reconocimiento como colectivos diferenciados –pueblos– y han exigido nuevos estatutos que garanticen su existencia y sus derechos. Se trata de propuestas de nuevos pactos sociales y una ampliación de la ciudadanía.

A pesar de estos avances, en el país no hay una clara política estatal sobre la promoción y defensa de los derechos humanos de estos pueblos. Por el contrario, la mayoría de veces, el Estado desconoce los compromisos suscritos a nivel internacional.
Existe una larga tradición de protección constitucional de tierras colectivas indígenas. Desde el año 1920, las Constituciones del Perú han incorporado disposiciones relacionadas con derechos especiales a las comunidades indígenas y la formulación de un modelo de relación del Estado con estas poblaciones. Se puede afirmar que el Perú ha sido un país que ha servido como modelo para otros países latinoamericanos por su trato hacia estos pueblos, pero desde la década de los 90 ha habido un retroceso sobre estos temas en la agenda nacional.

Con el propósito de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, el Congreso de la República mediante Ley 29157 delegó facultades en el Ejecutivo para emitir decretos legislativos, motivo de este análisis.

Hay que tener en cuenta que existen restricciones en la delegación de facultades concedidas por el Congreso al Poder Ejecutivo; es decir, determinados temas no pueden ser materia de legislación. Tal como constan en los artículos 101, inciso 4, y 104 de la Constitución.

Por otro lado, varios de los Decretos Legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo modifican Leyes Orgánicas, Decretos Leyes y Decretos Legislativos; asimismo contravienen derechos humanos reconocidos por Tratados Internacionales celebrados por el Estado Peruano y la propia Constitución Política del Perú.

Podemos observar que los conceptos de necesidad pública, el desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector agrario; así como la conservación y el aprovechamiento eficiente de las tierras de uso agrario, se enmarcan en el discurso político del gobierno que subestima el uso tradicional de los pueblos indígenas. De conformidad con este discurso, el aprovechamiento eficiente está vinculado al tema de la maximización del uso de los recursos, que es el principio fundamental del libre mercado.

Hay que tener en cuenta que el derecho de propiedad está garantizado por la Constitución Política de 1993 (art.88); esta protección alcanza a la propiedad comunal2. No obstante lo señalado en este artículo, queda aún pendiente la implementación de mecanismos y procedimientos adecuados para garantizar la vigencia del derecho de propiedad, en función a los principios establecidos por el Convenio No.169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la lectura de este artículo debe hacerse conjuntamente con el art. 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con el mencionado Convenio, hay un deber del Estado para reconocer estos derechos; esto incluye la adopción de medidas destinadas a dar seguridad jurídica a los territorios de las comunidades nativas y campesinas, considerando aquellas tierras a las cuales han tenido tradicionalmente acceso. En la práctica, los pueblos indígenas deben someterse a procedimientos engorrosos para obtener su inscripción y reconocimiento, así como la titulación de sus tierras. Además se crea un marco legal que genera incentivos para la parcelación y titulación individual, contraviniendo sus formas tradicionales de organización y uso de sus territorios.
Con relación a la existencia legal y su afirmación como personas jurídicas, la Constitución es muy clara al respecto4. Sin embargo, este reconocimiento legal se restringe a las comunidades nativas y campesinas, cuando en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, deberíamos hablar de pueblos indígenas.

Esperamos que este Documento de Trabajo contribuya a un debate más amplio sobre la política nacional, y la necesidad de una reforma estructural del Estado, sobre el tema indígena, que promueva el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos en el marco jurídico nacional, con la finalidad de brindarles seguridad e incluirlos como sujetos de derechos. De esta manera se reafirmará la diversidad y pluralidad del Estado peruano.

Del análisis del presente documento podemos concluir lo siguiente:

• En general todos los Decretos Legislativos analizados vulneran el derecho a la consulta, previsto en el art. 6 Incisos 1.a y 2 del Convenio 169 de la OIT, sobre el Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado; así como en el art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas30. Asimismo los Decretos Legislativos 1015, 1073, 1079, 1081 y 1089, han sido emitidos al margen de los artículos 101 Inciso 4 y 104 de la Constitución Política del Perú.
   
• El Decreto Legislativo 994 sugiere una interpretación restrictiva del derecho de propiedad y posesión de los pueblos indígenas, contraviniendo los artículos del 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, así como los artículos 70 y 88 de la Constitución Política del Perú.
   
• El Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria con el Decreto Legislativo 1073, contraviene además los artículos 2º, inciso 19 y 89, de la Constitución Política del Perú; así como las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre las tierras de los pueblos indígenas (artículos 13 al 19). Asimismo ambos Decretos Legislativos han vulnerado los Derechos a la Libre Determinación y a la Autonomía y gobierno, señalados en los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De otro lado, es preciso señalar que ambos Decretos han sido han sido emitidos al margen de la Tercera Disposición Final de la Ley 26505 que establece expresamente que dicha ley fue aprobada por mayoría calificada, por lo que su derogación debe hacerse a través de otra norma legal expedida por el Congreso, cumpliendo la misma formalidad.
    
• El Decreto Legislativo 1064 está relacionado con el Decreto Legislativo 1089 así como con el 1015, su modificatoria con el Decreto Legislativo 1073. Este decreto si bien no deroga expresamente el Decreto Ley 22175, lo modifica sustancialmente, generando mayor vulnerabilidad a los territorios y a la propia existencia de lospueblos indígenas; en tanto que establece criterios incompatibles con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Convenio 169 de la OIT, y que son contrarios a la Constitución Política del Perú (artículos 2 Inciso 19, 88 y 89).
     
• El Decreto Legislativo 1079 modifica la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, esto al margen de lo dispuesto por los artículos 101 Inciso 4 y 104 de la Constitución Política, comentado en la página 3 del presente documento. Si bien es cierto lo positivo de esta norma es que se establece las competencias del Ministerio del Ambiente sobre los recursos naturales y servicios ambientales dentro de las ANPs incorpora el principio de "dominio eminencial", por el cual quedaría excluido toda pretensión de los pueblos para reivindicar sus derechos de propiedad sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios comunales, contraviniendo con ello las disposiciones del Convenio 169 de la OIT (artículos 13, 14, 15 y 16). De otro lado debe concordarse este Decreto Legislativo con el art. 5.4 del Decreto Legislativo 1064 el cual además se contradice con el art. 110 de la Ley 28611 - Ley General del Ambiente, tal como hemos comentado en la página 13 del presente documento.
    
• El Decreto Legislativo 1081 contraviene además el art. 15 del Convenio 169 de la OIT, relacionado a la protección especial de los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales que se encuentran en sus tierras, en concordancia con los artículos 13 y 14 de la misma norma constitucionalincompatible con el Convenio 169 de la OIT. Este Decreto no toma en cuenta la protección especial a la que tienen derecho los pueblos indígenas, en relación al acceso a los recursos naturales, que se encuentran en sus territorios.
    
• El Decreto Legislativo 1089 está directamente vinculado a los Decretos Legislativos 1064, 1015 modificado por el 1073, así como también con los Decretos Legislativos 1079 y 1081. Hay que precisar que este Decreto Legislativo 1089 reproduce en gran parte el Proyecto de Ley 1770/2007-PE, el cual fuera rechazado públicamente por las organizaciones y observado incluso por la Defensoría del Pueblo; dicho proyecto tuvo algunas modificaciones en el camino y fue complementado por el Proyecto de Ley 1900/2007-PE pero ninguno fue aprobado por el Congreso.
     
  El Decreto Legislativo 1089, además de no haber sido debidamente consultado, transgrede el Convenio 169 de la OIT (artículos del 13 al 19), y está orientado a derogar el Decreto Ley 22175 y su reglamento (Decreto Supremo 003-79-AA de Enero 25 de 1979), entre otras normas, manteniéndose vigente por otro lado el Decreto Legislativo 667 (Ley de Registro de Predios Rurales). Del mismo modo contraviene el Derecho a la Autodeterminación (artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) y al respeto de sus formas tradicionales de mantener sus territorios (Art. 17 del Convenio 169 de la OIT); así como al derecho de desarrollo de políticas agrarias adecuadas a dichos pueblos (art. 19 del Convenio 169 de la OIT).
     
• El Decreto Legislativo 1090, aunque reconoce los bosques en comunidades campesinas y nativas con la garantía del art. 89 de la Constitución Política del Perú, no se hace mención alguna sobre el aprovechamiento (especialmente el uso tradicional) de los bosques en comunidades y se mantiene el vacío con respecto al procedimiento de otorgamiento de los contratos de cesión de uso a favor de las comunidades, derivadas de los procesos de titulación y/ampliación de sus territorios comunales.
   
  La Constitución Política del Perú de 1993 garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada, comunal o en cualquier forma asociativa. Reconoce la existencia legal y personería jurídica de las comunidades. Éstas son autónomas en el uso y libre disposición de sus tierras, de carácter imprescriptible, salvo en el caso de abandono según previsión legal.

RECOMENDACIONES

• Que el Congreso de la República, en atención a su rol de control político y constitucional, revise la constitucionalidad de los Decretos Legislativos emitidos bajo el amparo de la Ley 29157 (Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de promoción comercial Perú – Estados Unidos y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento) promulgada el 19 de diciembre de 2007. Especialmente aquellos que han sido materia de análisis en el presente documento de trabajo.
    
• La defensa de la territorialidad indígena es fundamental para salvaguardar la integridad de la institución comunal así como la supervivencia y desarrollo de los pueblos indígenas.
• Reconocer la relación de los pueblos indígenas con su territorio como base fundamental de su existencia como individuos y pueblos. Para lo cual debe brindar seguridad jurídica a los territorios.
    
• Reconocer los derechos que tienen en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
   
• Que el Estado mejore y perfeccione una institucionalidad, la dote de mayor jerarquía y recursos, así como de instrumentos adecuados y potestades reales para incidir en el conjunto de las políticas sectoriales. Esperamos que INDEPA se fortalezca y sea la instancia que regule la relación Estado-Pueblos Indígenas.
    
• Las actuales políticas de desarrollo de la selva se replanteen desde un "modelo alternativo integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana que se fundamente en la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos.
    
• Que se otorgue rango constitucional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de Pueblos Indígenas, adecuando la legislación interna.
    
• Que se incluya los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución, por lo que debe haber una reforma constitucional.
    
• Establecer políticas coherentes de saneamiento legal de territorios y políticas de ordenamiento territorial, acordes al Convenio 169/ de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
    
• Implementar mecanismos de consulta y consentimiento previo libre e informado según el Convenio 169/OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
    
• Dotar a los pueblos indígenas de capacidad para ejercer funciones de monitoreo ambiental.
    
• El Estado debe definir qué políticas deben ser cumplidas por la empresa privada que interviene en territorios indígenas.
   
• Los beneficios económicos que reportan la extracción de recursos deben ser percibidos por la sociedad y afectados (canon, regalías, fondos, etc.).
   
• Las políticas de indemnización y compensación que deben realizar las empresas deben tener una regulación clara, y mecanismos eficientes para su cumplimiento, bajo responsabilidad.
    
• El manejo de conflictos debe ser preventivo y con participación de los diversos sectores involucrados en los procesos.

PRONUNCIAMIENTO DE PUEBLOS AWAJÚN-WAMPÍS MESTIZOS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI E IMAZA BAGUA- AMAZONAS

¿Siempre o la gran mayoría de veces? Reproducimos una interesante entrevista publicada en Perú 21 en la sección de José Gabriel Chueca al líder aguaruna Santiago Manuín. Como siempre, la tensión, la prepotencia y real falta de comunicación producen el abuso, el autoritarismo y hasta la corrupción. Aunque siempre existe esperanza ante las petroleras, la sociedad nunca debe olvidar que existe un potencial daño en nuestra selva peruana.

Santiago Manuín: Defenderemos nuestra selva así nos digan perro del hortelano

Es aguaruna, ha estudiado en España y defiende la selva donde viven 180 comunidades aguarunas. Santiago Manuín ha venido a Lima a denunciar la amenaza que una empresa petrolera, una empresa estatal y dirigentes indígenas corruptos representan para su pueblo. "Antes, en Santa María de Nieva, la gente vivía dispersa. Se agruparon alrededor de las escuelas de los misioneros jesuitas, que llegaron en el 46. Pero recién hay poblados desde la revolución de Juan Velasco, que tituló las tierras", explica Santiago Manuín. ¿Cómo crecen los niños allá? En general, los niños aguarunas tienen libertad de ir por ahí. Más o menos, a los 10 años, toman sus plantas para normar su conducta. Primero toman el toé, una planta alucinógena. Así se va formando su personalidad, su moral, porque, a veces, a esa edad ya son contestones. Después, a los 14 o 15, cuando vienen las crisis de la adolescencia, toman el zumo de tabaco. Ahí tienen visiones, empiezan a ver lo que será su propia vida en el futuro. Y después, a los 17, ya toman el ayahuasca, para ser adultos. Todo esto se hace siempre en retiro, acompañados por un director espiritual. La planta es maestra para el pueblo aguaruna-huambisa. ¿Aprenden a cazar? Desde niño, el padre le enseña al niño a valerse por sí mismo. Le enseña a hacer trampas para cazar y pescar, a cortar leña, a construir un gallinero, a cazar con cerbatana y con armas de fuego. ¿Qué cargos tuvo en su comunidad? Varios años he sido presidente del consejo aguaruna-huambisa, que abarca a 180 comunidades; somos 60 mil habitantes en total. Trabajé en Saipe (Servicios Agropecuarios para la Investigación y Promoción Económica), una ONG de la Compañía de Jesús. El País Vasco ofreció becas para líderes indígenas para formación en derechos humanos. Estuve en Bilbao. De regreso trabajé con el Ipedehp (Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos). Ahora trabajo solo, en la selva, en alianza con Saipe, formando a los indígenas en participación ciudadana, formando dirigentes, para que haya respeto y no exista desconfianza entre las familias. ¿Por qué ha venido a Lima? En 2006, el Gobierno dio una resolución entregando el Lote 116, nuestra zona, 850 mil hectáreas, a la empresa petrolera Hocol, a través de Perupetro. Un indígena, César Sarasara, de Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), firmó este convenio sin consultar al pueblo. Cuando la gente se enteró, lo rechazó. En 2007, en Yutupis, los pueblos emitieron tres memoriales de rechazo dirigidos al Gobierno, al Congreso, a todas las instituciones del Estado y a las mineras. ¿Y qué reacción hubo? Conap vino a Nieva en marzo a informar sobre lo que estaba haciendo. Pero las comunidades no asistieron. Poco después, Hocol organizó otra reunión e invitó a las comunidades. Pero las organizaciones no se movieron porque no confían. De hecho, se organizó una comisión especial de los indígenas. Yo estuve ahí. Lo que planteamos fue rechazar estas acciones. Sarasara y Perú Petro continuaron con la reunión, pero las comunidades los sacaron.  Pero hubo otra reunión. En Jaén, el 12 de mayo, hicieron otra reunión. Llamaron a los presidentes de Occaam (Organización Central de Comunidades Aguarunas de Alto Marañón), de FAD (Federación Aguaruna del río Dominguza) y de Feconarin (Federación de Comunidades Nativas del Río Neva) y firmaron un convenio para autorizar el ingreso de Hocol en la zona. Pero ellos lo hicieron a escondidas de su pueblo. Les prometieron dinero. Cuando la gente se enteró, decidió que debíamos venir aquí, para dar a conocer esto. Por eso estamos en Lima. Y esos presidentes ya fueron cambiados.  ¿Qué daños produciría la petrolera?  La deforestación es uno. Si perforan, ¿dónde van a botar los desechos? ¿Y cómo van a sacar el petróleo de ahí? Van a afectar ríos y bosque. Y el impacto social será enorme. Quieren trabajar 77 años en la zona: siete años de exploración, 30 de explotación petrolera y 40 de gas. Esa es toda una generación de habitantes.     ¿Cuál es el sentir de la población? La selva no va a ser entregada aunque el Gobierno lo haya dicho y Sarasara haya firmado un convenio y nos digan perro del hortelano. Siempre las petroleras han hecho un daño muy grande a la naturaleza y al ser humano. Los indígenas no separamos al hombre de la naturaleza. Estamos incrustados uno en otro. El Gobierno está en su palacio; nosotros, en nuestra selva. Pensamos diferente. Si nosotros entregamos la selva, ¿dónde vamos a vivir? Seríamos mendigos en nuestra tierra.

DIVIDE Y REINARÁS
Pero ¿Quién divide y quién reina?

Por un lado tenemos a Don Juan Luis, limeño y cardenal; por otro lado tenemos a algunos curitas provincianos, sus respectivos Obispos, misioneros algunos y otros metropolitanos. Sin contar la cantidad de gente que está en el medio pensando qué sucede. Por lo menos pensando quién tiene "la razón".

De una u otra forma, el ambiente se calienta. Sí, el ambiente, mejor dicho el medio ambiente porque este es el tema que motiva dispares formas de ver las cosas. Y como siempre mucha gente que está en el medio sin saber que pensar. O agarrar su catecismo o vivir según su corazón parece ya no alcanzar. Claro, si vives en Lima y no en provincia y menos en provincia con minas, ríos color rojo de tanta contaminación y la vida marchitándose; pues sigue con tu catecismo que te sobra y basta.

Don Juan Luis, vía RPP, da su punto de vista. Como señala un blog huancaino, dichas declaraciones son distantes de la labor del arzobispo Pedro Barreto Jimeno, por poner un ejemplo. Y a todo esto, se unen un grupo de voces desde la selva que copiamos debajo. Pero, me sigo preguntando que gracia tiene "enfrentar" a la Iglesia consigo misma. Demonio pendejo, sabe hacerlas bien. Eso es lo que pienso.

COMUNICADO DE LOS OBISPOS DE LA SELVA PERUANA FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA AMAZONÍA

Monseñor Gerardo Zerdin (Obispo del Vicariato de San Ramón), Monseñor Francisco González (Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado), Monseñor Alberto Campos (Obispo del Vicariato San José de Amazonas), Monseñor Juan Luis Martin (Obispo del Vicariato de Pucallpa), Monseñor Gaetano Galbusera (Obispo Coadjutor del Vicariato de Pucallpa), Monseñor Santiago García de la Rasilla (Obispo del Vicariato de Jaén), Adda Chuecas Cabrera (Directora del CAAAP), P. Diego Clavijo, Hna. María Dolores Pallardó, Francisco Ujukam Chuwin, P. José Luis Gordillo, Hna. Monserrat Ripollés, P. Ricardo Álvarez, P. Jaime Regan, P. Roberto Abalos, Luis Cushi Mariano, Eusebio Chineri Pinedo…siguen firmas.
 

¡Excelente noticia tomada de La República!

La Cordillera del Cóndor ya es la Reserva Nacional Ichigkat Muja

• Luego de tres años de arduas gestiones, el Ejecutivo oficializó la creación de un parque nacional en la zona que fue escenario de la Guerra del Cenepa. Roberto Ochoa B.   Paraíso ganado. Un nativo awajún que fue guía de los soldados peruanos en 1995, navega en las aguas del Cenepa. La Cordillera del Cóndor o "Ichigkat Muja" ("montañas sagradas") para los nativos de la etnia Awajún y Wampis, fue declarada Reserva Nacional y pasó a integrar desde el viernes 10 de agosto el Sistema de Areas Naturales Protegidas por el Estado peruano. Se trata de un ecosistema único de los bosques montanos de la Real Cordillera de los Andes Orientales, limítrofe con Ecuador, afectados en los últimos años por los graves acontecimientos bélicos de la denominada "Guerra del Cenepa" y por la creciente presencia de colonos y mineros informales que han puesto en peligro uno de los sistemas hídricos más importantes de la cuenca Amazónica. Sin contar el grave impacto provocado en el sagrado territorio ancestral de los pobladores de las etnias Awajún y Wampis. Riqueza recortada   Flora. Los nativos saben aprovechar la riqueza natural de la zona sin afectarla. El paisaje de la Cordillera del Cóndor se caracteriza por los bosques cubiertos de neblina durante todo el año. Los científicos y ambientalistas la consideran una de las zonas de mayor riqueza y diversidad del planeta debido, precisamente, a la humedad extrema que gobierna el lugar. Sólo en la zona del alto Cenepa se han reportado 915 especies. Aporta el 17% de mariposas diurnas, 14% de mariposas nocturnas y 13 % de la diversidad de aves, reportadas para el Perú. Sin contar la enorme variedad de mamíferos y la exuberante flora local. Sin embargo, la nueva reserva fue aprobada con una extensión de solo 88.477 hectáreas, cuando la propuesta inicial fue de 153.000 has. de acuerdo al trabajo realizado desde el año 2002 en el marco del proyecto "Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, Ecuador-Perú". Lamentablemente primaron los intereses de la minería extractiva y de los colonos dedicados a la tala ilegal, para reducir casi a la mitad el área de conservación. "Han sido excluidos hábitats claves de especies endémicas y en peligro de extinción, así como ecosistemas únicos en el Perú, como son las formaciones tipo tepui", sostiene Luis Espinel, gerente de la organización Conservación Internacional del Perú. "También es lamentable que el proceso que se dio inicialmente de consulta previa e informada con las comunidades, ha sido obviado dando como resultado un área menor no concertada", añade.   Fauna variada. Decenas de especies de anfibios, insectos y aves diurnas y nocturnas habitan los bosques cubiertos de niebla de la Cordillera del Cóndor.   Por su parte Alfredo Ferreyros, director ejecutivo de Conservación Internacional rescata que "con la creación del parque nacional se da inicio a un proceso de fortalecimiento institucional del Inrena y los pueblos indígenas de la zona, que serán responsables de cautelar esta área, mediante dos proyectos de conservación que incluyen la formulación e implementación de un plan maestro". En todo caso la Cordillera del Cóndor ya no será relacionada sólo a guerras y líos fronterizos, sino que promete convertirse en un nuevo referente de los esfuerzos por conservar nuestra Amazonía, que sigue amenazada por las actividades extractivas. Datos FALSO PAQUICHA. La primera noticia de la existencia de la Cordillera del Cóndor fueron los graves enfrentamientos del año 1981, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Los invasores fueron expulsados. GUERRA DEL CENEPA. Luego serían los enfrentamientos de 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori, que estuvieron a punto de provocar una guerra abierta entre Perú y Ecuador.