la página de milanta

Ante los dolorosos hechos ocurridos en nuestro Vicariato, con la población nativa y la policía nacional, que son de todos conocidos, queremos compartir las siguientes reflexiones:

            1.- La Selva ha sufrido y sufre una postergación de siglos por razones de la situación geográfica, el centralismo  y las diferencias culturales. Esto ha hecho que los nativos de ella se hayan sentido relegados y como excluidos dentro de su propio país al que, por otra parte, han sabido defender en conflictos internacionales.

            2.- ÚItimamente esta postergación se ha hecho más evidente por la aprobación de unos decretos leyes, sin previa consulta con las comunidades nativas  que, según su entender, ponen en peligro sus territorios y su cultura.

            3.- Lamentamos muy profundamente la muerte y los heridos de un número elevado, todavía por confirmar plenamente, tanto de nativos como de policías. Todos ellos  son hermanos nuestros, y sus vidas un gran regalo de Dios.

            4.- Un dato esperanzador es la cadena de ayuda humanitaria por parte de las poblaciones y autoridades de  Bagua, Utcubamba, Jaén, San Ignacio, Bellavista, Imaza y Santa María de Nieva, además de las  instituciones del Vicariato Apostólico San Francisco Javier y de otras varias nacionales de DD.HH. y de la sociedad civil. Todas ellas hicieron una excelente labor humanitaria a favor de los heridos y detenidos, con  alimentos, medicinas, y asesoría legal, como verdaderos samaritanos.

            5.- En estos momentos, vemos una luz de esperanza con la suspensión de los decretos  denunciados, lo que permitirá entrar en un espacio de diálogo, sincero y sereno,  que abra una puerta a la solución duradera del problema.  Así mismo es una esperanza la formación de una comisión de diálogo en la que estarían presentes miembros del gobierno, de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo y de las Organizaciones nativas junto con personas notables de sus comunidades.

Esperamos igualmente  que de este espacio salgan decisiones eficaces, con las que los peruanos encontremos  cauces válidos para resolver los conflictos, sin tener que llegar a ninguna clase de  violencia. Y pedimos a nuestro Padre Dios nos ayude con su Luz a encontrar la integración de todos en un Perú sin discriminaciones ni racismos, con la gran variedad y riqueza de culturas que tenemos, viviendo en paz en esta tierra que Él nos ha entregado para disfrutarla como hermanos.

        +  Santiago García de la Rasilla Domínguez S.J.
                         Obispo Vicario Apostólico

 COMUNICADO
CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA
(CAAAP)

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) ante los hechos ocurridos el día de ayer en las ciudades de Bagua y Jaén, se suma a las voces de la Conferencia Episcopal Peruana, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de la sociedad civil..

Desde el día 9 de abril de 2009, las organizaciones indígenas iniciaron un paro nacional en reclamo del respeto de sus derechos humanos; sin embargo a la fecha no ha habido ninguna disposición de parte del gobierno a dar respuesta a sus reclamos, los cuales se han centrado en el pedido de derogatoria de los decretos legislativos emitidos en aplicación de la Ley 29157, vulnerando la Constitución Política del Perú y los tratados de Derechos Humanos.

El día viernes cinco de junio, fuerzas del orden procedieron a desalojar a indígenas que habían tomado la carretera Fernando Belaúnde, hecho que dio origen a un enfrentamiento violento provocando muertos, heridos y desaparecidos.

Junto con creer que “la vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada”, creemos que el diálogo por la paz es la urgencia de nuestra patria en estos momentos. Por ello, es tiempo de gritar “a tiempo y a destiempo” que la paz solo se alcanza con la paz. Benedicto XVI, en su Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz de este año, puso como lema “Combatir la pobreza, construir la paz”: “… la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores que favorecen o agravan los conflictos, incluidas las contiendas armadas” (No. 1). Y al final del Mensaje nos dice que “sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual "combatir la pobreza es construir la paz" (no. 15).

Lamentamos profundamente y compartimos el dolor de los familiares de los policías e indígenas muertos durante los hechos de violencia. Nunca debió permitirse esta situación y no se debieron agotar los canales de diálogo entre los sectores involucrados.

Compartimos lo dicho por la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo respecto de que la vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada. Por eso invocamos a las autoridades del gobierno y las comunidades nativas a optar por el diálogo y la paz, que son principios fundamentales para construir un Perú donde aprendamos a convivir entre diferentes.

Lima, 6 de junio de 2009

ANTES:

DESPUES:

Para que más explicaciones…

Enlaces: flickr de dhperu y entrevista vía Servendi.

ACTUALIZACIÓN: el dirigente Santiago Manuim parece estar vivo y recuperándose de un estado crítico de salud e internado en un Hospital de la zona. Aún así mantenemos el post porque es esa la magnitud del drama que se vive en el norte del Perú.

Carta Abierta a los Medios de Comunicación y a la Sociedad en General sobre la “Declaratoria de Insurgencia” de los Pueblos Indígenas
Lima, 16 de Mayo del 2009

Presente;

AmazoniArte
Jr. Chancay 740, Lima 01

Una muy buena explicación de los decretos que afectan a los pueblos amazónicos en el Perú:

Frente al paro de  los pueblos amazónicos,  iniciado el 9 de abril, y ante  los hechos desencadenados debido a  la ausencia de diálogo oportuno y transparente y a  la declaratoria del Estado de Emergencia en nueve distritos de cuatro departamentos, las y los integrantes de la Mesa de Interculturalidad expresamos lo siguiente:

Nos solidarizamos con las demandas de los pueblos amazónicos en defensa de sus derechos territoriales reconocidos a nivel internacional, así como sus derechos a la participación ciudadana y a la consulta ante decisiones o normas que puedan afectarlos. El paquete de decretos emitidos por el actual Gobierno durante el 2008, en el marco de la  implementación del Tratado de Libre Comercio con EEUU, no fue consultado con  las poblaciones  indígenas y, de acuerdo con las conclusiones de la Comisión Multipartidaria del Congreso, afectaría un conjunto de derechos fundamentales, en particular el uso del agua, la tierra, de los recursos forestales y fauna silvestre. Por ello, expresamos
nuestra posición en favor del pedido de las organizaciones de los pueblos indígenas que demandan la derogatoria de dichos decretos.

Los pueblos amazónicos han remarcado en diversas ocasiones que su lucha no es únicamente por reivindicar su derecho al  territorio, sino por defender el  frágil ecosistema de  la selva amazónica, que podría verse seriamente dañado con  inversiones descontroladas en hidrocarburos, ampliación de  la  frontera agrícola y otras actividades económicas, perjudicando no sólo a las poblaciones nativas. Como sabemos, conservar nuestros bosques es vital para combatir el calentamiento global que amenaza el futuro de la tierra.

Postulamos  la  construcción de una  verdadera democracia  intercultural  en  la  cual  el diálogo  sea  el mecanismo privilegiado  para  la  toma  de  decisiones  en  la  defnición  e  implementación    de  un  modelo  de  desarrollo.  El “desarrollo” no es meramente crecimiento económico y creación de riqueza. Hoy en día, se entiende el “desarrollo” como un proceso creativo, incluyente y complejo en búsqueda de ampliar las libertades y capacidades humanas, respondiendo a la diversidad de nuestras visiones e intereses legítimos, en armonía con el ambiente.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA

ANTE EL PARO DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS 

Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de los pueblos amazónicos.

1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad. Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gén. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.

1. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (Documento Aparecida 471).

1. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.

1. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados y  sustancias tóxicas como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.

1. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos entre los que se encuentran el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009 se insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.

1. Debemos expresar que “la Iglesia… valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (Documento Aparecida 472).

1. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos. 

1. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.

1. No queremos violencia, por eso instamos al Gobierno y al Congreso muestren intenciones de dialogar y buscar soluciones justas y pacificas a la problemática que vienen enfrentando los pueblos amazónicos para no llevarlos a la desesperación que pueda incrementar los conflictos sociales.

1. Invocamos a los medios de comunicación social a que cumplan con su rol de brindar información veraz a la opinión pública, contribuyendo al derecho que tienen los ciudadanos de estar informados de los  sucesos en la Amazonía Peruana.

1. Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.

A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Documento de Aparecida 474c). 

5 de mayo del 2009

Mons. José Luis Astigarraga, C.P. 
Obispo del Vicariato de Yurimaguas

Mons. Alberto Campos, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San José de Amazonas

Mons. Santiago García de la Rasilla, S..J.
Obispo del Vicariato de Jaén

Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San Ramón 

Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B. 
Obispo del  Vicariato de Pucallpa

Mons.  Francisco González, O.P.
Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado 

Mons. Julián García, O.S.A.  
Obispo del  Vicariato de Iquitos

Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.
Obispo del Vicariato de Requena 

Mons. Rafael Escudero López-Brea.
Obispo Prelado de Moyobamba.

Copiamos este interesante documento del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). La Defensoría del Pueblo ha hecho suyo el caso y lo ha presentado al Tibunal Constitucional que definirá el camino a seguir. Ya comentaremos más adelante. Pero como ya comentó Rosa María Palacios en Prensa Libre ayer lunes 18 por la noche, lo que hay detrás de  la huelga y las movilizaciones es empujar el coche de la autonomía total de los pueblos o naciones nativas. ¿Adios Perú y bienvenida la fragmentación? ¿Y la identidad? Aún hay mucho por recorrer y por eso este documento de trabajo copiado debajo es importante.

DOCUMENTO DE TRABAJO (15 de Agosto de 2008)

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido un cambio en el orden jurídico internacional sobre derechos humanos -obligatorio para los Estados- plasmado en un régimen especial de derechos de los pueblos indígenas. En este régimen se reconoce su derecho al igual disfrute de los derechos humanos y, al mismo tiempo, a ser colectivos diferentes.

Por medio de sus organizaciones y acciones, los pueblos indígenas han logrado poner en el debate público, sus demandas de reconocimiento como colectivos diferenciados –pueblos– y han exigido nuevos estatutos que garanticen su existencia y sus derechos. Se trata de propuestas de nuevos pactos sociales y una ampliación de la ciudadanía.

A pesar de estos avances, en el país no hay una clara política estatal sobre la promoción y defensa de los derechos humanos de estos pueblos. Por el contrario, la mayoría de veces, el Estado desconoce los compromisos suscritos a nivel internacional.
Existe una larga tradición de protección constitucional de tierras colectivas indígenas. Desde el año 1920, las Constituciones del Perú han incorporado disposiciones relacionadas con derechos especiales a las comunidades indígenas y la formulación de un modelo de relación del Estado con estas poblaciones. Se puede afirmar que el Perú ha sido un país que ha servido como modelo para otros países latinoamericanos por su trato hacia estos pueblos, pero desde la década de los 90 ha habido un retroceso sobre estos temas en la agenda nacional.

Con el propósito de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, el Congreso de la República mediante Ley 29157 delegó facultades en el Ejecutivo para emitir decretos legislativos, motivo de este análisis.

Hay que tener en cuenta que existen restricciones en la delegación de facultades concedidas por el Congreso al Poder Ejecutivo; es decir, determinados temas no pueden ser materia de legislación. Tal como constan en los artículos 101, inciso 4, y 104 de la Constitución.

Por otro lado, varios de los Decretos Legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo modifican Leyes Orgánicas, Decretos Leyes y Decretos Legislativos; asimismo contravienen derechos humanos reconocidos por Tratados Internacionales celebrados por el Estado Peruano y la propia Constitución Política del Perú.

Podemos observar que los conceptos de necesidad pública, el desarrollo integral, competitivo y sostenible del sector agrario; así como la conservación y el aprovechamiento eficiente de las tierras de uso agrario, se enmarcan en el discurso político del gobierno que subestima el uso tradicional de los pueblos indígenas. De conformidad con este discurso, el aprovechamiento eficiente está vinculado al tema de la maximización del uso de los recursos, que es el principio fundamental del libre mercado.

Hay que tener en cuenta que el derecho de propiedad está garantizado por la Constitución Política de 1993 (art.88); esta protección alcanza a la propiedad comunal2. No obstante lo señalado en este artículo, queda aún pendiente la implementación de mecanismos y procedimientos adecuados para garantizar la vigencia del derecho de propiedad, en función a los principios establecidos por el Convenio No.169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la lectura de este artículo debe hacerse conjuntamente con el art. 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con el mencionado Convenio, hay un deber del Estado para reconocer estos derechos; esto incluye la adopción de medidas destinadas a dar seguridad jurídica a los territorios de las comunidades nativas y campesinas, considerando aquellas tierras a las cuales han tenido tradicionalmente acceso. En la práctica, los pueblos indígenas deben someterse a procedimientos engorrosos para obtener su inscripción y reconocimiento, así como la titulación de sus tierras. Además se crea un marco legal que genera incentivos para la parcelación y titulación individual, contraviniendo sus formas tradicionales de organización y uso de sus territorios.
Con relación a la existencia legal y su afirmación como personas jurídicas, la Constitución es muy clara al respecto4. Sin embargo, este reconocimiento legal se restringe a las comunidades nativas y campesinas, cuando en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, deberíamos hablar de pueblos indígenas.

Esperamos que este Documento de Trabajo contribuya a un debate más amplio sobre la política nacional, y la necesidad de una reforma estructural del Estado, sobre el tema indígena, que promueva el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos en el marco jurídico nacional, con la finalidad de brindarles seguridad e incluirlos como sujetos de derechos. De esta manera se reafirmará la diversidad y pluralidad del Estado peruano.

Del análisis del presente documento podemos concluir lo siguiente:

• En general todos los Decretos Legislativos analizados vulneran el derecho a la consulta, previsto en el art. 6 Incisos 1.a y 2 del Convenio 169 de la OIT, sobre el Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado; así como en el art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas30. Asimismo los Decretos Legislativos 1015, 1073, 1079, 1081 y 1089, han sido emitidos al margen de los artículos 101 Inciso 4 y 104 de la Constitución Política del Perú.
   
• El Decreto Legislativo 994 sugiere una interpretación restrictiva del derecho de propiedad y posesión de los pueblos indígenas, contraviniendo los artículos del 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, así como los artículos 70 y 88 de la Constitución Política del Perú.
   
• El Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria con el Decreto Legislativo 1073, contraviene además los artículos 2º, inciso 19 y 89, de la Constitución Política del Perú; así como las disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre las tierras de los pueblos indígenas (artículos 13 al 19). Asimismo ambos Decretos Legislativos han vulnerado los Derechos a la Libre Determinación y a la Autonomía y gobierno, señalados en los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De otro lado, es preciso señalar que ambos Decretos han sido han sido emitidos al margen de la Tercera Disposición Final de la Ley 26505 que establece expresamente que dicha ley fue aprobada por mayoría calificada, por lo que su derogación debe hacerse a través de otra norma legal expedida por el Congreso, cumpliendo la misma formalidad.
    
• El Decreto Legislativo 1064 está relacionado con el Decreto Legislativo 1089 así como con el 1015, su modificatoria con el Decreto Legislativo 1073. Este decreto si bien no deroga expresamente el Decreto Ley 22175, lo modifica sustancialmente, generando mayor vulnerabilidad a los territorios y a la propia existencia de lospueblos indígenas; en tanto que establece criterios incompatibles con los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Convenio 169 de la OIT, y que son contrarios a la Constitución Política del Perú (artículos 2 Inciso 19, 88 y 89).
     
• El Decreto Legislativo 1079 modifica la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, esto al margen de lo dispuesto por los artículos 101 Inciso 4 y 104 de la Constitución Política, comentado en la página 3 del presente documento. Si bien es cierto lo positivo de esta norma es que se establece las competencias del Ministerio del Ambiente sobre los recursos naturales y servicios ambientales dentro de las ANPs incorpora el principio de "dominio eminencial", por el cual quedaría excluido toda pretensión de los pueblos para reivindicar sus derechos de propiedad sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios comunales, contraviniendo con ello las disposiciones del Convenio 169 de la OIT (artículos 13, 14, 15 y 16). De otro lado debe concordarse este Decreto Legislativo con el art. 5.4 del Decreto Legislativo 1064 el cual además se contradice con el art. 110 de la Ley 28611 - Ley General del Ambiente, tal como hemos comentado en la página 13 del presente documento.
    
• El Decreto Legislativo 1081 contraviene además el art. 15 del Convenio 169 de la OIT, relacionado a la protección especial de los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales que se encuentran en sus tierras, en concordancia con los artículos 13 y 14 de la misma norma constitucionalincompatible con el Convenio 169 de la OIT. Este Decreto no toma en cuenta la protección especial a la que tienen derecho los pueblos indígenas, en relación al acceso a los recursos naturales, que se encuentran en sus territorios.
    
• El Decreto Legislativo 1089 está directamente vinculado a los Decretos Legislativos 1064, 1015 modificado por el 1073, así como también con los Decretos Legislativos 1079 y 1081. Hay que precisar que este Decreto Legislativo 1089 reproduce en gran parte el Proyecto de Ley 1770/2007-PE, el cual fuera rechazado públicamente por las organizaciones y observado incluso por la Defensoría del Pueblo; dicho proyecto tuvo algunas modificaciones en el camino y fue complementado por el Proyecto de Ley 1900/2007-PE pero ninguno fue aprobado por el Congreso.
     
  El Decreto Legislativo 1089, además de no haber sido debidamente consultado, transgrede el Convenio 169 de la OIT (artículos del 13 al 19), y está orientado a derogar el Decreto Ley 22175 y su reglamento (Decreto Supremo 003-79-AA de Enero 25 de 1979), entre otras normas, manteniéndose vigente por otro lado el Decreto Legislativo 667 (Ley de Registro de Predios Rurales). Del mismo modo contraviene el Derecho a la Autodeterminación (artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) y al respeto de sus formas tradicionales de mantener sus territorios (Art. 17 del Convenio 169 de la OIT); así como al derecho de desarrollo de políticas agrarias adecuadas a dichos pueblos (art. 19 del Convenio 169 de la OIT).
     
• El Decreto Legislativo 1090, aunque reconoce los bosques en comunidades campesinas y nativas con la garantía del art. 89 de la Constitución Política del Perú, no se hace mención alguna sobre el aprovechamiento (especialmente el uso tradicional) de los bosques en comunidades y se mantiene el vacío con respecto al procedimiento de otorgamiento de los contratos de cesión de uso a favor de las comunidades, derivadas de los procesos de titulación y/ampliación de sus territorios comunales.
   
  La Constitución Política del Perú de 1993 garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada, comunal o en cualquier forma asociativa. Reconoce la existencia legal y personería jurídica de las comunidades. Éstas son autónomas en el uso y libre disposición de sus tierras, de carácter imprescriptible, salvo en el caso de abandono según previsión legal.

RECOMENDACIONES

• Que el Congreso de la República, en atención a su rol de control político y constitucional, revise la constitucionalidad de los Decretos Legislativos emitidos bajo el amparo de la Ley 29157 (Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de promoción comercial Perú – Estados Unidos y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento) promulgada el 19 de diciembre de 2007. Especialmente aquellos que han sido materia de análisis en el presente documento de trabajo.
    
• La defensa de la territorialidad indígena es fundamental para salvaguardar la integridad de la institución comunal así como la supervivencia y desarrollo de los pueblos indígenas.
• Reconocer la relación de los pueblos indígenas con su territorio como base fundamental de su existencia como individuos y pueblos. Para lo cual debe brindar seguridad jurídica a los territorios.
    
• Reconocer los derechos que tienen en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
   
• Que el Estado mejore y perfeccione una institucionalidad, la dote de mayor jerarquía y recursos, así como de instrumentos adecuados y potestades reales para incidir en el conjunto de las políticas sectoriales. Esperamos que INDEPA se fortalezca y sea la instancia que regule la relación Estado-Pueblos Indígenas.
    
• Las actuales políticas de desarrollo de la selva se replanteen desde un "modelo alternativo integral y solidario basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana que se fundamente en la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos.
    
• Que se otorgue rango constitucional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de Pueblos Indígenas, adecuando la legislación interna.
    
• Que se incluya los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución, por lo que debe haber una reforma constitucional.
    
• Establecer políticas coherentes de saneamiento legal de territorios y políticas de ordenamiento territorial, acordes al Convenio 169/ de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
    
• Implementar mecanismos de consulta y consentimiento previo libre e informado según el Convenio 169/OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas.
    
• Dotar a los pueblos indígenas de capacidad para ejercer funciones de monitoreo ambiental.
    
• El Estado debe definir qué políticas deben ser cumplidas por la empresa privada que interviene en territorios indígenas.
   
• Los beneficios económicos que reportan la extracción de recursos deben ser percibidos por la sociedad y afectados (canon, regalías, fondos, etc.).
   
• Las políticas de indemnización y compensación que deben realizar las empresas deben tener una regulación clara, y mecanismos eficientes para su cumplimiento, bajo responsabilidad.
    
• El manejo de conflictos debe ser preventivo y con participación de los diversos sectores involucrados en los procesos.

PRONUNCIAMIENTO DE PUEBLOS AWAJÚN-WAMPÍS MESTIZOS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI E IMAZA BAGUA- AMAZONAS

¿Siempre o la gran mayoría de veces? Reproducimos una interesante entrevista publicada en Perú 21 en la sección de José Gabriel Chueca al líder aguaruna Santiago Manuín. Como siempre, la tensión, la prepotencia y real falta de comunicación producen el abuso, el autoritarismo y hasta la corrupción. Aunque siempre existe esperanza ante las petroleras, la sociedad nunca debe olvidar que existe un potencial daño en nuestra selva peruana.

Santiago Manuín: Defenderemos nuestra selva así nos digan perro del hortelano

Es aguaruna, ha estudiado en España y defiende la selva donde viven 180 comunidades aguarunas. Santiago Manuín ha venido a Lima a denunciar la amenaza que una empresa petrolera, una empresa estatal y dirigentes indígenas corruptos representan para su pueblo. "Antes, en Santa María de Nieva, la gente vivía dispersa. Se agruparon alrededor de las escuelas de los misioneros jesuitas, que llegaron en el 46. Pero recién hay poblados desde la revolución de Juan Velasco, que tituló las tierras", explica Santiago Manuín. ¿Cómo crecen los niños allá? En general, los niños aguarunas tienen libertad de ir por ahí. Más o menos, a los 10 años, toman sus plantas para normar su conducta. Primero toman el toé, una planta alucinógena. Así se va formando su personalidad, su moral, porque, a veces, a esa edad ya son contestones. Después, a los 14 o 15, cuando vienen las crisis de la adolescencia, toman el zumo de tabaco. Ahí tienen visiones, empiezan a ver lo que será su propia vida en el futuro. Y después, a los 17, ya toman el ayahuasca, para ser adultos. Todo esto se hace siempre en retiro, acompañados por un director espiritual. La planta es maestra para el pueblo aguaruna-huambisa. ¿Aprenden a cazar? Desde niño, el padre le enseña al niño a valerse por sí mismo. Le enseña a hacer trampas para cazar y pescar, a cortar leña, a construir un gallinero, a cazar con cerbatana y con armas de fuego. ¿Qué cargos tuvo en su comunidad? Varios años he sido presidente del consejo aguaruna-huambisa, que abarca a 180 comunidades; somos 60 mil habitantes en total. Trabajé en Saipe (Servicios Agropecuarios para la Investigación y Promoción Económica), una ONG de la Compañía de Jesús. El País Vasco ofreció becas para líderes indígenas para formación en derechos humanos. Estuve en Bilbao. De regreso trabajé con el Ipedehp (Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos). Ahora trabajo solo, en la selva, en alianza con Saipe, formando a los indígenas en participación ciudadana, formando dirigentes, para que haya respeto y no exista desconfianza entre las familias. ¿Por qué ha venido a Lima? En 2006, el Gobierno dio una resolución entregando el Lote 116, nuestra zona, 850 mil hectáreas, a la empresa petrolera Hocol, a través de Perupetro. Un indígena, César Sarasara, de Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), firmó este convenio sin consultar al pueblo. Cuando la gente se enteró, lo rechazó. En 2007, en Yutupis, los pueblos emitieron tres memoriales de rechazo dirigidos al Gobierno, al Congreso, a todas las instituciones del Estado y a las mineras. ¿Y qué reacción hubo? Conap vino a Nieva en marzo a informar sobre lo que estaba haciendo. Pero las comunidades no asistieron. Poco después, Hocol organizó otra reunión e invitó a las comunidades. Pero las organizaciones no se movieron porque no confían. De hecho, se organizó una comisión especial de los indígenas. Yo estuve ahí. Lo que planteamos fue rechazar estas acciones. Sarasara y Perú Petro continuaron con la reunión, pero las comunidades los sacaron.  Pero hubo otra reunión. En Jaén, el 12 de mayo, hicieron otra reunión. Llamaron a los presidentes de Occaam (Organización Central de Comunidades Aguarunas de Alto Marañón), de FAD (Federación Aguaruna del río Dominguza) y de Feconarin (Federación de Comunidades Nativas del Río Neva) y firmaron un convenio para autorizar el ingreso de Hocol en la zona. Pero ellos lo hicieron a escondidas de su pueblo. Les prometieron dinero. Cuando la gente se enteró, decidió que debíamos venir aquí, para dar a conocer esto. Por eso estamos en Lima. Y esos presidentes ya fueron cambiados.  ¿Qué daños produciría la petrolera?  La deforestación es uno. Si perforan, ¿dónde van a botar los desechos? ¿Y cómo van a sacar el petróleo de ahí? Van a afectar ríos y bosque. Y el impacto social será enorme. Quieren trabajar 77 años en la zona: siete años de exploración, 30 de explotación petrolera y 40 de gas. Esa es toda una generación de habitantes.     ¿Cuál es el sentir de la población? La selva no va a ser entregada aunque el Gobierno lo haya dicho y Sarasara haya firmado un convenio y nos digan perro del hortelano. Siempre las petroleras han hecho un daño muy grande a la naturaleza y al ser humano. Los indígenas no separamos al hombre de la naturaleza. Estamos incrustados uno en otro. El Gobierno está en su palacio; nosotros, en nuestra selva. Pensamos diferente. Si nosotros entregamos la selva, ¿dónde vamos a vivir? Seríamos mendigos en nuestra tierra.

DIVIDE Y REINARÁS
Pero ¿Quién divide y quién reina?

Por un lado tenemos a Don Juan Luis, limeño y cardenal; por otro lado tenemos a algunos curitas provincianos, sus respectivos Obispos, misioneros algunos y otros metropolitanos. Sin contar la cantidad de gente que está en el medio pensando qué sucede. Por lo menos pensando quién tiene "la razón".

De una u otra forma, el ambiente se calienta. Sí, el ambiente, mejor dicho el medio ambiente porque este es el tema que motiva dispares formas de ver las cosas. Y como siempre mucha gente que está en el medio sin saber que pensar. O agarrar su catecismo o vivir según su corazón parece ya no alcanzar. Claro, si vives en Lima y no en provincia y menos en provincia con minas, ríos color rojo de tanta contaminación y la vida marchitándose; pues sigue con tu catecismo que te sobra y basta.

Don Juan Luis, vía RPP, da su punto de vista. Como señala un blog huancaino, dichas declaraciones son distantes de la labor del arzobispo Pedro Barreto Jimeno, por poner un ejemplo. Y a todo esto, se unen un grupo de voces desde la selva que copiamos debajo. Pero, me sigo preguntando que gracia tiene "enfrentar" a la Iglesia consigo misma. Demonio pendejo, sabe hacerlas bien. Eso es lo que pienso.

COMUNICADO DE LOS OBISPOS DE LA SELVA PERUANA FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA AMAZONÍA

Monseñor Gerardo Zerdin (Obispo del Vicariato de San Ramón), Monseñor Francisco González (Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado), Monseñor Alberto Campos (Obispo del Vicariato San José de Amazonas), Monseñor Juan Luis Martin (Obispo del Vicariato de Pucallpa), Monseñor Gaetano Galbusera (Obispo Coadjutor del Vicariato de Pucallpa), Monseñor Santiago García de la Rasilla (Obispo del Vicariato de Jaén), Adda Chuecas Cabrera (Directora del CAAAP), P. Diego Clavijo, Hna. María Dolores Pallardó, Francisco Ujukam Chuwin, P. José Luis Gordillo, Hna. Monserrat Ripollés, P. Ricardo Álvarez, P. Jaime Regan, P. Roberto Abalos, Luis Cushi Mariano, Eusebio Chineri Pinedo…siguen firmas.
 

¡Excelente noticia tomada de La República!

La Cordillera del Cóndor ya es la Reserva Nacional Ichigkat Muja

• Luego de tres años de arduas gestiones, el Ejecutivo oficializó la creación de un parque nacional en la zona que fue escenario de la Guerra del Cenepa. Roberto Ochoa B.   Paraíso ganado. Un nativo awajún que fue guía de los soldados peruanos en 1995, navega en las aguas del Cenepa. La Cordillera del Cóndor o "Ichigkat Muja" ("montañas sagradas") para los nativos de la etnia Awajún y Wampis, fue declarada Reserva Nacional y pasó a integrar desde el viernes 10 de agosto el Sistema de Areas Naturales Protegidas por el Estado peruano. Se trata de un ecosistema único de los bosques montanos de la Real Cordillera de los Andes Orientales, limítrofe con Ecuador, afectados en los últimos años por los graves acontecimientos bélicos de la denominada "Guerra del Cenepa" y por la creciente presencia de colonos y mineros informales que han puesto en peligro uno de los sistemas hídricos más importantes de la cuenca Amazónica. Sin contar el grave impacto provocado en el sagrado territorio ancestral de los pobladores de las etnias Awajún y Wampis. Riqueza recortada   Flora. Los nativos saben aprovechar la riqueza natural de la zona sin afectarla. El paisaje de la Cordillera del Cóndor se caracteriza por los bosques cubiertos de neblina durante todo el año. Los científicos y ambientalistas la consideran una de las zonas de mayor riqueza y diversidad del planeta debido, precisamente, a la humedad extrema que gobierna el lugar. Sólo en la zona del alto Cenepa se han reportado 915 especies. Aporta el 17% de mariposas diurnas, 14% de mariposas nocturnas y 13 % de la diversidad de aves, reportadas para el Perú. Sin contar la enorme variedad de mamíferos y la exuberante flora local. Sin embargo, la nueva reserva fue aprobada con una extensión de solo 88.477 hectáreas, cuando la propuesta inicial fue de 153.000 has. de acuerdo al trabajo realizado desde el año 2002 en el marco del proyecto "Paz y Conservación Binacional en la Cordillera del Cóndor, Ecuador-Perú". Lamentablemente primaron los intereses de la minería extractiva y de los colonos dedicados a la tala ilegal, para reducir casi a la mitad el área de conservación. "Han sido excluidos hábitats claves de especies endémicas y en peligro de extinción, así como ecosistemas únicos en el Perú, como son las formaciones tipo tepui", sostiene Luis Espinel, gerente de la organización Conservación Internacional del Perú. "También es lamentable que el proceso que se dio inicialmente de consulta previa e informada con las comunidades, ha sido obviado dando como resultado un área menor no concertada", añade.   Fauna variada. Decenas de especies de anfibios, insectos y aves diurnas y nocturnas habitan los bosques cubiertos de niebla de la Cordillera del Cóndor.   Por su parte Alfredo Ferreyros, director ejecutivo de Conservación Internacional rescata que "con la creación del parque nacional se da inicio a un proceso de fortalecimiento institucional del Inrena y los pueblos indígenas de la zona, que serán responsables de cautelar esta área, mediante dos proyectos de conservación que incluyen la formulación e implementación de un plan maestro". En todo caso la Cordillera del Cóndor ya no será relacionada sólo a guerras y líos fronterizos, sino que promete convertirse en un nuevo referente de los esfuerzos por conservar nuestra Amazonía, que sigue amenazada por las actividades extractivas. Datos FALSO PAQUICHA. La primera noticia de la existencia de la Cordillera del Cóndor fueron los graves enfrentamientos del año 1981, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Los invasores fueron expulsados. GUERRA DEL CENEPA. Luego serían los enfrentamientos de 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori, que estuvieron a punto de provocar una guerra abierta entre Perú y Ecuador.