UNA MEJOR EDUCACIÓN DEMANDA CAMBIOS DRÁSTICOS EN EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD

 

El pasado 6 de enero se cumplieron dos años de la oficialización del Proyecto Educativo Nacional por el Presidente Alan García. Su elevación a política de Estado fue muy bien recibida por la comunidad educativa, habida cuenta que el PEN constituye una propuesta integral que propone soluciones a los problemas centrales de la educación, orientándola como soporte absolutamente necesario para el desarrollo de la sociedad peruana de cara al 2021. Siendo así, señala caminos operativos para su cumplimiento en el largo plazo.

Cuando la actual administración culmina la mitad de su período de cinco años, el PEN no se aplica, tenemos una educación sin norte definido y no existe una estrategia capaz de enfrentar de manera seria, sostenida e integral los continuos malos resultados que nos indican evaluaciones internacionales y otras de tipo nacional. En la última evaluación comparada de la UNESCO nuestro país destacó solo por ser el más desigual e inequitativo de la región al tener la mayor brecha entre aprendizajes de niños de medios rurales respecto al de los niños urbanos. Esta es una realidad que se arrastra año tras año no sólo sin visos de mejora sino con señales de empeoramiento.

Es manifiesto el desorden, la falta de transparencia y la clara improvisación del sector educación en materias tan importantes como la evaluación y la formación continua de docentes, la implementación de la Carrera Pública Magisterial (CPM), la renovación del Diseño Curricular Nacional o en iniciativas como la municipalización de educación y el programa alfabetizador. Deficiencias que lejos de corregirse se pretende negar y disimular, desinformando a la opinión pública, descalificando toda crítica, manipulando los escasos y esporádicos espacios de concertación y menospreciando el valor del consenso como fundamento de cualquier decisión de política que aspire a la sostenibilidad.

Los aumentos al sector educación no coinciden con el compromiso de elevar anual y sostenidamente el presupuesto correspondiente; además, según fuente del MEF, el año pasado sólo se gastó el 81.7% del presupuesto asignado, evidenciando problemas en la gestión de los recursos. La innecesaria política de enfrentamiento con los maestros, logró cierto apoyo en algunos sectores de la sociedad; sin embargo, ha producido efectos negativos como desvirtuar las posibles bondades de la Ley de CPM, devaluar la evaluación docente con la aplicación de pruebas mal diseñadas  y la ausencia de diálogos esclarecedores con los directamente afectados o beneficiados.

El año escolar 2009 se iniciará con un magisterio desmotivado y con agravantes como los siguientes:

  • Un apresurado proceso de contratación de 40 mil docentes, determinado por una prueba escrita el 15 de febrero, significará repetir un escenario con muchos niños iniciando sus clases sin docentes a su cargo.
  • Muchas DREs y UGELes siguen siendo foco de corrupción y de inoperancia en la gestión institucional y pedagógica
  • Transcurrido año y medio del sismo en las provincias de Pisco, Chincha e Ica, por falta de previsiones presupuestarias  en el MED para reconstruir 86 centros educativos afectados, 30 mil alumnos estudiarán en módulos provisionales

    La precariedad institucional del MED ha sido violentamente acentuada al permitir el Presidente García y el Ministro Chang que se venda el terreno e instalaciones donde funcionaba su sede central sin tomar precauciones básicas para funcionar en nuevo local. En la actualidad el personal del MED es ocupante precario de seis locales distintos, entre ellos el sótano del Museo de la Nación y espacios por ahora sobrantes de la Biblioteca Nacional. Este inaudito hecho grafica con claridad el desalojo de la educación de la agenda política estatal. Los responsables de este sector no hicieron observación alguna a este hecho humillante, descalificándose moralmente para la responsabilidad asumida.  

    En un momento en que el mundo vive la peor crisis en 70 años y que la mayoría de países  está tomando decisiones difíciles pero pensando en el futuro, seguir con una educación sin liderazgo ni rumbo definido hacia una auténtica reforma es la peor señal para enfrentar mejor los efectos de esa crisis. Al revés de Brasil, Chile y México el Estado deja de lado la universidad pública y la educación superior como bien público.

    Es claro que esto no puede continuar. Urge producir un golpe de timón. De lo contrario se perderán los cinco años de esta administración.

    Aún siendo innegable que el Ministerio de Educación ejecuta múltiples acciones, algunas de ellas importantes explicitándose su asociación formal al marco del PEN, las buenas medidas atomizadas no consiguen generar los cambios integrales previstos en este Proyecto asumido como política de Estado.

La oficialización del PEN supone obligatoriamente una reforma integral y radical de nuestra educación. Ello no será posible sin variar sustantivamente la organización y el accionar del Estado, en particular del sector público de educación y la composición de sus gestores y representantes otorgándose particular protagonismo a regiones. Tampoco será posible sin una sociedad civil, padres de familia particularmente, y medios de comunicación dispuestos a demandar transparencia en la toma de decisiones y a asumir la educación como un derecho humano fundamental y bien público más que propiedad de un gobierno, del ministerio o del Estado.